Este 23 de abril, una investigación del periódico El Salto Diario destapó el caso de una nueva policía infiltrada, que entre 2023 y 2024 estuvo participando en Fridays For Future (Juventud por el Clima) y Rebelión o Extinción (XR) en Madrid. Esta mujer de 27 años, con el nombre de Nieves L. M., se aproximó a estos colectivos a través de acciones contra la tala o la pobreza energética, asambleas o formaciones, intentando hacerse pasar por una nueva compañera, cuando en realidad se trataba de una agente encubierta. Se trata del duodécimo caso de infiltración policial en movimientos sociales, tras los destapados por La Directa durante el último mes y medio. El año pasado, el movimiento climático ya fue víctima de estas infiltraciones, con casos como el de Mavi L. F. en la asamblea de XR Madrid y el CSO La Animosa de Hortaleza.
Dichas infiltraciones responden a un plan orquestado por los cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado como método de control y represión sobre la ciudadanía organizada. Esto supone una vulneración de nuestros derechos democráticos fundamentales recogidos en la Constitución Española (CE) o en la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU, como la libertad de reunión y asociación (Artículo 15 de la CE) o a la protesta (Artículo 21). Asimismo, la libertad de expresión o la privacidad quedan en entredicho. Esta práctica llevada a cabo por la Brigada Provincial de Información es de carácter ilegal, puesto que la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en su artículo 282 bis, señala que la infiltración de agentes solo se puede realizar en investigaciones por delitos de organización criminal, bajo la orden de un juez o fiscal.
Como colectivos preocupados por la Justicia Climática y Social y la posibilidad de un futuro habitable, nos organizamos para concienciar y movilizar a la sociedad ante la crisis ecosocial de forma noviolenta. Con ello buscamos poner el foco sobre las responsabilidades políticas de la crisis climática, sus efectos sobre los territorios y la necesidad de tomar medidas urgentes. Mientras observamos cómo siguen desplegando megaproyectos que depredan el territorio, mientras las compañías de siempre se enriquecen a nuestra costa, mientras los verdaderos criminales que promueven el uso de combustibles fósiles venden nuestro futuro, deciden perseguir a las activistas que quieren alzar la voz.
Abogamos por un sistema que ponga la vida en el centro, sin dejar a nadie atrás, mientras fomentamos la autogestión de base. Entre nosotras hay activistas de edad tan corta que ni siquiera han salido del instituto. Efectivamente, se nos persigue, no por el peligro que suponemos, sino por luchar por un planeta habitable, por plantar cara a los verdaderos responsables, y denunciar la inacción del gobierno. Esta tendencia antidemocrática se está intensificando en todos lados. Por ejemplo, Italia ya puede meter en la cárcel a gente por protestar pacíficamente con su decreto anti-Gandhi, Reino Unido ya ha condenado a prisión a más de una decena de activistas climáticas, y Alemania ha acusado a Letzte Generation de «organización criminal».
En cambio, lo que sí pone en riesgo a la ciudadanía y a las futuras generaciones son las escasas medidas de adaptación y mitigación. Sucesos climáticos extremos como la reciente DANA en Valencia ponen de manifiesto como la falta de voluntad política se deja víctimas a las espaldas. Actualmente transitamos una crisis ecosocial de enormes dimensiones: el 75% de nuestro territorio se encuentra en riesgo de desertificación; diariamente tenemos dificultades para enfrentar la subida del los precios de los alquileres o los alimentos y sectores básicos como la educación pública se ven cada vez más precarizados. Y la respuesta que da el gobierno a todas estas quejas es la de acallarnos y reprimirnos, desarticulando la organización social, como si dificultando que la juventud se organice, los problemas sociales que denunciamos desapareciesen.
El momento histórico en el que vivimos se caracteriza por su importancia y fragilidad. Observamos la creciente ola de la extrema derechaen EEUU, Argentina o Italia. Pero incluso en nuestro país, donde el gobierno alardea de «progresismo», no podemos descuidar el retroceso de derechos ni dar por sentada la calidad de nuestro sistema democrático. La misma ONU clasifica la represión del Estado de la protesta y la desobediencia civil como una grave amenaza a los derechos humanos y la democracia; bajo la Convención de Aarhus, un informe denuncia la criminalización que sufren las activistas climáticas. De igual manera, la aparición de Rebelión o Extinción u otros movimientos sociales ecologistas o antifascistas en el informe de la Fiscalía General del Estado tachándolos de terroristas confirma esta tendencia. La ONU insta a los estados a cumplir con sus obligaciones como asegurar la libertad de expresión, de asamblea y asociación, así como a dejar de usar medidas diseñadas para acabar con el terrorismo contra defensoras medioambientales.
No nos sentimos seguras cuando la policía nos vigila en nuestros espacios de reunión, al margen de nuestro conocimiento y consentimiento y cualquier infracción de ley. Esta persecución silenciosa busca amordazarnos y desmovilizarnos a aquellas personas que levantamos la voz, que luchamos para conseguir un mundo más justo. Pero ante esta escalada de represión, nos negamos a permanecer calladas. Estos ataques a nuestros derechos fundamentales no pueden quedar impunes. Exigimos al Ministro de Interior explicaciones y que se depuren responsabilidades sobre las infiltraciones policiales. Finalmente pedimos que se cumpla la derogación de la Ley Mordaza que coarta nuestros derechos.
Nos seguiremos organizando y saliendo a las calles, porque sabemos que esta lucha es necesaria, aunque quieran acallarla. No vamos a perder la confianza en nuestras compañeras, ni las ganas de luchar por el planeta que habitamos. Seguiremos en nombre de la Justicia Climática y Social.
Bajo la identidad falsa de Nieves, una policía ha estado espiando al movimiento ecologista de Madrid Arte El Salto. Toda la información aquí: https://www.elsaltodiario.com/madrid/nieves-otra-policia-infiltrada-movimiento-ecologista-madrid